BOLETÍN ELECTRÓNICO - Año 15 - Número 515 - Viernes 7 de agosto de 2020
Red de Derechos Humanos Mendoza
Compartimos el comunicado emitido por la Red por los Derechos Humanos (MZA) conformada por más de ochenta organizaciones sociales, políticas, gremiales y organismos de derechos humanos de nuestra provincia, con respecto a la designación de María Teresa Day a la Suprema Corte de Justicia.
El partido de gobierno difundió un comunicado en el que se refiere al juez del máximo tribunal provincial, Dr. Omar Palermo, de forma estigmatizante y descalificadora, hecho que degrada la democracia y pretende anular la opinión del/a otro/a. La administración radical llevó adelante una coronación suprema que implicó, por lo menos, decretos no publicados y actos de gobierno subrepticios que ofenden el principio republicano de publicidad de los mismos.
Las gestiones de Suárez y Cornejo han atacado todas las libertades ciudadanas fundamentales tales como el derecho de reunión, petición y protesta; han rozado constantemente la ilegalidad con detenciones irregulares y arbitrarias y han constituido un orden autoritario que reprime descaradamente toda expresión popular que reaccione contra estos atropellos.
El actual gobierno, además, calificó de ilegal la convocatoria a audiencia pública que hizo uno de los jueces de la Suprema Corte. Dicha audiencia -ejercicio democrático si los hayhabilitó un intercambio abierto, público y participativo que de ninguna forma puede ser cuestionado en su legalidad, pues su convocatoria está fundada en normas constitucionales y prácticas anteriores del máximo tribunal provincial y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia tiene la jurisdicción para conocer y resolver sobre la constitucionalidad o no de leyes, ordenanzas o reglamentos. La acción de inconstitucionalidad interpuesta tiene carácter meramente declarativo: su objeto es resolver cuestiones de derecho y el análisis se limita a llevar a cabo un test de constitucionalidad, esto es, comprobar si la designación de Teresa Day en la Corte se adecua o no a las reglas establecidas en la Constitución.
El oficialismo es consciente de que Day no reúne las condiciones mínimas exigidas para acceder al cargo y se ausentó de este acto democrático -no asistieron sus jueces supremos ni sus juristas-. Peor aún, amenazó con juicio político a los ministros que convocaron y participaron, lo que constituye una muestra más de lo que nos espera si no ejercemos el irrenunciable derecho a defender nuestras libertades.
Repudiamos los ataques a los jueces Adaro y Gómez, así como la agresión explícita contra Omar Palermo. Destacamos la reconocida trayectoria de Palermo en pos de la efectivización de los derechos humanos que se remonta a su trabajo, de la mano de familiares y sobrevivientes de la dictadura, como fiscal federal a cargo de las causas por delitos de lesa humanidad. Luego, en su rol de juez, buscó siempre jerarquizar los derechos humanos en la Suprema Corte.
Que sea justicia.
